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miércoles, 8 de mayo de 2019

Alcántara: Poder Judicial busca destruir la soberanía popular

Con la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, además de la posible captura de otro grupo de parlamentarios opositores, el gobierno está "pasando la raya para provocar una intervención extranjera, creyendo que no va a ocurrir", afirma Pedro Pablo Alcántara. 


La ciudadanía activada reclama sus derechos constitucionales. 


El ex parlamentario y dirigente opositor señala que luego de la aprobación durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de la reincorporación de Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) - un pacto de defensa mutua entre naciones que puedes ser utilizado para solicitar la asistencia militar contra tropas extranjeras que se encuentran dentro del país - se pone en evidencia que en Venezuela hay una dictadura con una intervención extranjera (rusos, iraníes y cubanos) por lo cual el gobierno de Estados Unidos hablan de horas, lo que significa que los mecanismos para buscar un punto final están en desarrollo. 

El académico, analista político y ex diputado a la AN por el estado Lara en el período 2000 - 2006 analiza que el objetivo de las medidas que se adelantan en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia persiguen la destrucción del estado constitucional desde el punto de vista de la protección a los representantes de la soberanía popular, es decir a los diputados, quienes son sujetos directos con tratamiento de su investidura en la propia Carta Magna.

Explica Alcántara que solo en el caso de la comisión de un delito en flagrancia, esta última entendida como un hecho concreto, el acto de comisión de una actividad de naturaleza delictiva, en el cual a algún ciudadano o alguna autoridad, captura a quien protagonice el hecho ilegal y lo somete al cuidado de la autoridad inmediata y debe colocar vigilancia en la casa del parlamentario y notificar al TSJ y la Asamblea Nacional para desde allí iniciar el desarrollo del dispositivo constitucional.

La Constitución no habla de la aplicación de ninguna norma del Código Penal por que la inmunidad del parlamentario, que es del cuerpo y el parlamentario está protegida por el principio de la presunción de inocencia, en consecuencia debe producirse una evaluación previa que la Constitución ordena debe ser tramitada por la Fiscalía General de la República, elevada al TSJ, quien con los órganos auxiliares debe hacer la investigación sobre la presunta flagrancia y si encontrare algún mérito para iniciar un antejuicio contra el diputado, debe notificar del mismo a la Cámara en pleno. 

Luego de leído el informe analizado y discutido, es la AN la que aprueba finalmente si el procedimiento contra el parlamentario se ejecuta o no. 

No es materia de naturaleza estrictamente privativa del Poder Judicial, sino en reserva de la Asamblea Nacional por aquello del principio de auto tutela que goza el poder legislativo nacional.

En consecuencia - cita Alcántara - lo que ocurre es simplemente un intento desde el Poder Judicial en su más alta instancia, que ha sido declarado en situación irregular por la propia Asamblea Nacional, para lograr intentar arrebatar, para destruir una institución de larga data que está destinada a proteger no solo a la investidura del parlamentaria,  al acto de su elección como decisión autónoma del soberano, sino que atenta contra la naturaleza de carácter representativo y protagónico, que pertenece a la actuación del pueblo como titular fundamental de la soberanía popular. 





Alirio Laclé Ch.





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