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jueves, 23 de mayo de 2019

Desde 2016 la Sala Constitucional se dedicó a declarar la nulidad de todas las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional

El ex juez superior y profesor universitario Jesús Jiménez Peraza analiza una novedosa forma de disolver la Asamblea Nacional: atomizarla a través de decisiones del TSJ. 




Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp 



A la frágil memoria de buen número de venezolanos.


Desde el instante mismo cuando de manera aplastante la MUD, obtuvo una mayoría calificada en las elecciones parlamentarias el 06 diciembre del 2015, el PSUV y el gobierno iniciaron una lucha implacable, ilegal y antidemocrática contra el único Poder Público divergente, aunque ya estaba en desarrollo un plan estratégico que no era uniformemente percibido por el país nacional, sobre todo después de la pírrica victoria de la oposición. Es que el socialismo no acepta disidencia!.

Veamos, con objetividad, esta secuencia histórica:

En diciembre del 2014, con mayoría relativa en la Cámara de Diputados, el oficialismo había designado a todas las cabezas del Poder Ciudadano: doctores Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República; Tarek William Saab, Defensor del Pueblo y Manuel Galíndez, como Contralor. No recuerdo se hubiese planteado un llamado a diálogo, en esa oportunidad, a manera de compartir responsabilidades.

Durante los pocos días faltantes para que concluyera diciembre del 2015, el entonces Presidente del Parlamento cuyo período fenecía, señor Diosdado Cabello, aceleró los tiempos reglamentarios, para que aquella misma precaria mayoría designara 13 Magistrados Principales y 21 Suplentes, a las diversas Salas del Tribunal Supremo de Justicia. Para ello recurrieron a la publicación de convocatorias conjuntas y hasta cuatro sesiones diarias.

Coetáneamente, antes de finalizar el año (2015) la Sala Electoral, a pesar de estar en receso judicial, se encargó de dictar una medida cautelar contra tres diputados del estado Amazonas, cuyos curules habían sido previamente adjudicados por el CNE, suficientes para cambiar la voluntad popular de conformar una mayoría opositora y calificada en la Cámara, convirtiéndola en mayoría absoluta, insuficiente por sí, para tomar una serie de decisiones que pudieran equilibrar el sistema democrático.

Desde los primeros días del 2016 la Sala Constitucional se dio a la tarea de declarar la nulidad de todas las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, exonerando al Presidente de la República de promulgarlas. Durante el transcurso del año autorizó al jefe de Estado a gobernar mediante repetidos Decretos de Emergencia Financiera y, además, castró al Parlamento de sus facultades de control sobre el gobierno y la administración, impidiéndole interpelar funcionarios.


El 13 de diciembre del 2016 (Expediente 16-1191), a solicitud del hoy gobernador Héctor Rodríguez Castro, la Sala Constitucional designó a dos Rectoras del CNE de período vencido (Socorro Hernández y Tania D´Amelio) y sus respectivos suplentes asegurando, para el oficialismo, una mayoría de 4-1 en dicho Poder Público. La excusa: la Asamblea no podía cumplir esta función porque está “en desacato”, obviando que tal delito es exclusivo de las personas naturales, en este caso sólo imputable a los directivos de la Asamblea, pero contra ellos no se sustanció ningún procedimiento para concluir en su culpabilidad o no. Así se impuso una pena indebida y sin proceso legal.

En mayo del 2017 fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente por el Presidente de la República, autorizado sólo para promoverla por lo que no tiene fundamentos legales y constitucionales sustentables. Su función principal, hagamos abstracción de las causales de ilegitimidad de origen y de desempeño, es redactar una nueva Constitución, misión cuyo desarrollo no conocemos después de transcurridos dos largos años, salvo el reciente anuncio que extenderá unilateralmente su vigencia “por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2020”.

Con estos antecedentes es fácil comprender entonces, que la motivación de las sentencias de Sala Constitucional números 18, 19 y 20 de los días 07, 08 y 14 de mayo del presente año, contra once diputados opositores, conforme a las cuales no se requiere de antejuicio de mérito, ni el allanamiento para enervar su inmunidad, responde a esa misma estrategia ya consecuente del oficialismo, es decir, dominar en exclusiva todos los Poderes del Estado.

Para dar cumplimiento a las meras formas, en dichas decisiones se dice que “por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión N° 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, no procede el antejuicio de mérito”.

Pero es el caso que el artículo 200 CN1999 que rige esta materia, con aplicación preferente, no distingue entre delitos comunes o especiales para condicionar la existencia de la inmunidad y, la flagrancia allí prevista, no es para descartar el privilegio, sino simplemente para permitirle a la “autoridad competente” poner al diputado supuestamente infractor, bajo custodia en su residencia.

El antecedente jurisprudencial sobre el cual se afinca el dispositivo (Sentencia N° 1684 del 04/11/2008), no aplica en el presente caso, porque fue dictado en el antejuicio contra un ex gobernador del estado Yaracuy, acusado por los delitos de peculado doloso impropio, evasión de procesos licitatorios y concierto con contratista, tipificados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley contra la Corrupción, siendo que los gobernadores no gozan de inmunidad, aunque sí son sujetos potenciales del antejuicio.

Conforme al artículo 112 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia del 11/05/2010, si el delito imputado es de naturaleza política, debe conocer Sala Plena y en los delitos de naturaleza común, los tribunales ordinarios. Idealmente este artículo es aplicable en vínculo con el 378 del Código Orgánico Procesal Penal, que ordena respetar la disposición constitucional sobre la inmunidad de los parlamentarios. De manera que la naturaleza del delito, tampoco debilita el privilegio de los parlamentarios, simplemente atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales que deben conocer y decidir.

El artículo 240 constitucional prevé sólo una forma de disolver la Asamblea Nacional, como facultad exclusiva del Presidente de la República, esto es cuando por tres veces, dentro del mismo período constitucional, se aprueba una moción de censura contra el Vicepresidente Ejecutivo, con mayoría de tres quintas partes de los diputados.

Hoy, en la práctica, existe otra manera no sometida al referendo aprobado entre lluvias y lágrimas el 15 de diciembre de 1999, por la tragedia de Vargas: Atomizarla. 


Dios bendiga a Venezuela.






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