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jueves, 13 de junio de 2019

Jorge Rosell: Es evidente dependencia del Poder Judicial del oficialismo de turno

"LA JUSTICIA PENAL DEJÓ DE FUNCIONAR" 

Reproducimos una entrevista publicada en El Bloque Constitucional (bloqueconstitucional.com) al magistrado emérito Jorge Rosell, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre Capitulo Lara, quien destaca que en Venezuela hay un remedo de justicia plagada de corrupción e ignorancia.
El doctor Jorge Rosell Senhenn, abogado barquisimetano de amplia trayectoria en el poder judicial, completó la carrera judicial al ocupar cargos desde alguacil, escribiente y secretario de un tribunal en su época de estudiante hasta llegar a ser magistrado presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

El Bloque Constitucional es una iniciativa de magistrados eméritos, jueces, fiscales, académicos de ciencias políticas y sociales, decanos de ciencias jurídicas de las universidades, profesores universitarios, Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, presidentes de colegios de abogados, juristas y abogados y demás miembros del sistema de justicia, creado para rescatar la vigencia de la Constitución y el principio de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial.

Rosell asegura que la justicia penal en el país dejó de funcionar lo que ha traído como consecuencia enormes retardos procesales causados por sistemática práctica de diferir los actos propios de los juicios.

"Los procesos penales a través de los diferimientos se hacen eternos con la angustia propia del encausado, la mayoría de los casos detenido, y de su familia. La dependencia del Poder Judicial del oficialismo de turno es evidente, dando al traste con unas de las características fundamentales de sus integrantes: la autonomía con la cual el juez debe cumplir con su solitaria labor. El juez no debe recibir órdenes de nadie en su delicada función de interpretar la ley y aplicarla al caso concreto".

Consultado sobre las correcciones que deben realizarse en la justicia penal ordinaria en Venezuela, Rosell afirma que deben corregirse no tanto las leyes, sino la forma de designar a los jueces. 

Al cesar la usurpación y ante el regreso de la democracia debe sustituirse a los integrante del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual se hará con la simple aplicación de la Constitución y la ley. 

En relación al resto del Poder Judicial deben designarse jueces con una “cultura actual” que entiendan al país, con conocimiento de la ciencia del Derecho y una probidad a toda prueba, ésta debe ser la meta para configurar el nuevo Poder Judicial. Eso se logra con concursos de oposición transparentes como lo establece el artículo 255 de la Constitución.

Por otra parte debe incluirse en la reforma una enmienda constitucional a fin de suprimir el exagerado poder que tiene el Tribunal Supremo de Justicia sobre el Poder Judicial, ya que según su artículo 267 de la Constitución le corresponde “… la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías…”. 

Lo anterior es un despropósito, pues el Derecho Comparado nos indica que deben ser labores diferentes la jurisdiccional que naturalmente debe tener el Tribunal Supremo al resolver los asuntos que les correspondan a sus diferentes Salas y otra muy distinta es la que se establece en ese artículo 267. Por lo tanto debe crearse un órgano de rango constitucional para ser provisto de sus miembros por la Asamblea Nacional, órgano que se encargará del gobierno y la administración del Poder Judicial.

―¿Qué actividad se está haciendo en el estado Lara para que se cumpla el Estatuto para la Transición a la Democracia y sean realidad los tres pasos que consagra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres?

―Soy el coordinador de la sociedad civil del Frente Amplio Venezuela Libre del estado Lara. La labor que desarrollamos va dirigida a preservar la unidad superior, que presupone la conjunción de los intereses y planes en una agenda común tanto de los partidos políticos como de las llamadas fuerzas vivas del Estado, como son las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, los organismos económicos, las ONG, así como los representantes de las comunidades y asociaciones de vecinos. Es una ardua tarea en la cual laboramos desde hace más de dos años.

El doctor Rosell desde Lara impulsa el diplomado Pedagogía de la Democracia, la Transición y los Derechos Humanos, que ofrece la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) de Barquisimeto, primero de su estilo en el país.

―¿Por qué el interés de crear el primer diplomado de justicia transicional en Lara?

―Por la necesidad de iniciar los estudios formales sobre esta forma de hacer justicia, lo cual es una necesidad en época de transición política hacia la democracia, una vez que cese la usurpación del poder por parte del actual oficialismo caracterizado por un claro mandato arbitrario. 

Se decidió crear el diplomado en Barquisimeto por importantes razones: 

a) Barquisimeto se ha calificado como “tribuna jurídica del país” por ilustres juristas inclusive no de las regiones debido a que las actividades relacionadas con las ciencias del Derecho que desarrolla desde hace 46 años el Instituto de Estudios Jurídicos Ricardo Hernández Álvarez, principalmente las Jornadas Jurídicas J. M. Domínguez Escovar; 

b) en Barquisimeto funciona desde hace 27 años el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara, único en el país, que ha formado cientos de profesionales a través de un diplomado de 184 horas académicas en el arte de prescindir de la justicia formal para buscar otras formas de resolver discrepancias de intereses, objetivo que también tiene la justicia transicional; 

c) en Barquisimeto fue creado en octubre pasado el Centro de Formación y Difusión de la Justicia Transicional mediante un acuerdo en el que intervino el Bloque Constitucional representado por Román José Duque Corredor; el Centro de Resolución de Conflictos representado por Nelly Cuenca de Ramírez, coordinadora general del diplomado sobre Justicia Transicional; y el Instituto de Estudios Jurídicos, representado por mí; 

d) fue la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) de Barquisimeto la que le dio auspicio académico a la iniciativa del diplomado. Sin embargo, la UCLA puso el programa del diplomado a la orden de las demás universidades, tanto del interior como las asentadas en Caracas, para que sea administrado en sus sedes.

―¿Es necesario especializarse para formar parte del sistema de justicia transicional que debería instaurarse una vez lograda la transición a la democracia?

―Creo que lo apropiado para ejercer la delicada misión de administrar la justicia transicional es especializar a las personas que se encargarán de ella. Específicamente serán, por ejemplo, jueces que deberán entender esta forma de hacer justicia diferente a como se entiende la justicia ordinaria.

―¿Por dónde cree que debe comenzar a trabajar la justicia transicional? ¿Cuáles serían los pasos?

―Como elemento fundamental del surgimiento de esta forma de hacer justicia se encuentra la masiva y sistemática violación de derechos humanos. El escenario propicio para hacer necesaria la justicia transicional no es la violación aislada o circunstancial de los derechos humanos de algunas personas, sino una actitud de grupos humanos o instituciones estatales que en forma sistemática quebrantan los derechos humanos de la población, o de un grupo de ella.

Por otra parte se debe comenzar por crear los instrumentos legales pertinentes por parte de la Asamblea Nacional. Sustantivamente deberá precisarse con qué parámetros el juez juzgará a las personas sometidas a esta forma de justicia y también los parámetros con los cuales el juez llevará el proceso; es decir, la legislación adjetiva o procesal. En cuanto al debido proceso, requisito indispensable para el juzgamiento, será necesario comenzar con la debida imputación del Ministerio Público, titular de la acción penal, para luego, si se prueban elementos de convicción, realizar la acusación respectiva y proceder al juicio llevado a través del sistema acusatorio oral.

―En materia penal, ¿cómo debería ir de la mano justicia penal ordinaria y la aplicación de la justicia transicional?

―Son dos funciones de la justicia penal que actuarán separadamente. Lo conveniente es que se cree todo un sistema judicial para la justicia transicional pues, como antes se dijo, es una forma muy especial de resolver los conflictos con los cuales trabajarán esos jueces y diferente a la forma como procede la justicia ordinaria. 

La actividad que desarrollen las comisiones de la verdad será un elemento fundamental para la justicia transicional, lo cual tampoco tiene relación con la justicia ordinaria, así como la garantía de no repetición en lo que también está involucrada la justicia transicional en el sentido de que en el futuro no se recaerá en tales situaciones de violación masiva y sistemática de derechos humanos. 

Usted trabajó en el Código Orgánico Procesal Penal ¿qué piensa hoy día de su aplicación, en la práctica cómo califica lo que se ha hecho con ese texto?

―Fue una ardua labor de Derecho Comparado en el ámbito procesal penal, asesorado por especialistas de América y Europa, en el que se previeron nuevas instituciones procesales, pero ajustadas a la realidad venezolana. Se pasó del medieval proceso penal inquisitivo escrito al moderno sistema acusatorio oral: ya no es la policía la que hace el expediente, son las partes las que conforman el proceso que culmina en la audiencia oral y pública donde el Ministerio Público acusador y la defensa exponen sus alegatos con base en las pruebas que presentarán en ese acto. Idealmente eso fue lo planeado a través del COPP, pero la realidad de ignorancia, corrupción y dejadez de los jueces en relación a los principios del debido proceso y las garantías procesales mandaron todo este bien concebido plan para la justicia penal al cesto de la basura.

Lo que sí tuvo una aceptación unánime, luego de las reformas en el área de niños y adolescentes y en área laboral, fue la creación de los circuitos judiciales previstos originalmente en el COPP. Efectivamente, se eliminó la idea del juez dueño de su parcela judicial con “su tribunal” para pasar a un servicio común a los jueces de la misma instancia y materia.

Las causas del fracaso de la reforma procesal penal a través de COPP son múltiples, entre ellas: se dejó de implementar el nuevo proceso una vez encargada la administración chavista. 

Antes de esta lastimosa experiencia política, desde 1997, se había creado el Centro de Implementación del COPP (CICOPP) en San Antonio de Los Altos, en la Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL), por allí comenzaros a desfilar jueces y defensores públicos que en una semana se les explicaba los fundamentos del COPP en los dos primeros días y en los cuatro siguientes se les inducía a participar como jueces, fiscales o defensores en múltiples proceso que se realizaban. 

Los fiscales del Ministerio Público no participaron de esta provechosa experiencia debido a que el fiscal general para esa época no entendió los propósitos de la reforma. Otra de las causas es la degradación del Poder Judicial a través de la ignorancia y de la corrupción de sus jueces. 

La dependencia a la orden emanada del oficialismo, destruyendo la característica de independencia del Poder Judicial, es otra de las causas. La falta de recursos hacia los tribunales mina también su eficacia, a lo cual se une los bajos sueldos de los jueces, lo que catapulta a los menos preparados y es caldo de cultivo de la corrupción.

―¿Considera que es necesario reformar el COPP o más bien habría que redactar otro?

―Además de mínimas reformas luego de su vigencia por más de 20 años no requiere otras modificaciones.

―¿Cuál es su mayor satisfacción y su mayor decepción con el sistema de justicia venezolano?

―Mi mayor satisfacción es haber podido completar la carrera judicial desde alguacil, escribiente y secretario de un tribunal en mi época de estudiante hasta llegar a ser magistrado presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, luego de pasar por ser juez de municipio, juez de Distrito, juez de instrucción y juez de Primera Instancia Penal, juez superior penal. 

Pasé por la Corte Suprema y por el tristemente conocido Tribunal Supremo, del cual quise retirarme a los pocos meses de integrarlo en el año 2000, pues ya se veían venir las perversiones en las cuales incurrirían. A mi salida del Tribunal Supremo convoqué una rueda de prensa en diciembre de ese año 2000 en la cual describí lo que caería en el país como un mandato arbitrario. 

Mi mayor decepción fue el fracaso de la reforma penal a través del COPP, respondió el magistrado Rosell.



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