Sistema de justicia le declaró la guerra a los derechos humanos - Laclé en Línea

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domingo, 9 de junio de 2019

Sistema de justicia le declaró la guerra a los derechos humanos

Rafael Narváez denuncia que el Estado aplica una política pública de vejaciones con la incomunicación, el aislamiento, el ocultamiento de los detenidos, la presentación ante los tribunales en forma clandestina, la imposición de defensores públicos y el traslado como oferta engañosa judicial.


Rafael Narváez. 


El abogado, ex parlamentario, coordinador de la ONG Defensa por los Derechos Civiles destaca  que la  defensa jurídica constituye uno de los derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso, garantía esta que no se cumple por los cuerpos de seguridad del estado que usurpan funciones del Ministerio Publico y del poder judicial.

El sistema de justicia en Venezuela está viciado y le ha declarado la guerra a los derechos humanos.
 
Tanto el ministerio público como el poder judicial están en conocimiento y obligados a respetar y hacer que se cumpla el debido proceso.

Se viola la Constitución y las leyes manteniendo incomunicado y aislado al detenido sin información a sus familiares ni a su abogado de confianza como ocurre actualmente con los diputados de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano y Gilber Caro, entre otros presos por su condición política. 

Narváez argumenta que algo tan sagrado como el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución que constituye garantías judiciales intocables en un estado de derecho y sistema democrático hoy día luce de adorno para el TSJ y el Ministerio Público causando un alto grado de indefensión para quienes son víctimas de abusos policiales, detenciones arbitrarias, y que luego son objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y torturas dentro de los centros de reclusión como es el caso lamentable de los presos políticos.

El Estado aplica una política pública de vejaciones con la incomunicación, el aislamiento, el ocultamiento de los detenidos, la presentación ante los tribunales en forma clandestina, la imposición de defensores públicos y el traslado como “oferta engañosa judicial” porque la audiencia siempre se suspende, es ya una política pública de vejaciones tanto para el familiar como la defensa técnica que aplica el estado. 

El defensor de los derechos humanos señala que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario  “pero aquí se juzga y se condena desde los micrófonos del estado”. 

Toda persona tiene el derecho a ser oída y ser juzgada por sus jueces naturales, tampoco se respeta esta garantía judicial, la justicia militar sigue procesando a civiles sin tener competencia, facultad y jurisdicción pero esto se permite por inacción del Ministerio Público en no plantear el conflicto de competencia.

Sin duda alguna estamos en presencia de la violación sistemática por parte del estado de las garantías judiciales, la vulneración de los derechos civiles establecidos en los art. 43 y 44 de nuestra CRBV, y el art. 2 CRBV; Venezuela se constituye en un estado democrático y de justicia, señala el abogado Narváez.




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