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lunes, 23 de julio de 2018

Denuncian en Fiscalía abusos y violaciones de derechos humanos del jefe de la Guardia Nacional


Diputados de la Asamblea Nacional responsabilizan al general (GNB) José Caramaro Márquez de  torturas y barbarie, en franca violación de los derechos humanos. 


Los parlamentarios del estado Lara reclamaron justicia ante el Poder Púbilco, el pueblo pegunta: ¿Harán justicia?


Los diputados a la Asamblea Nacional Guillermo Palacios, Bolivia Suárez, Macario González, Teodoro Campos, Luis Florido, María Teresa Pérez, Bolivia Suarez, Orlando Fernández y los representantes del Frente Amplio y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del estado Lara, denunciaron ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público la violación de los derechos humanos, abusos y arbitrariedades del general de la Guardia Nacional Bolivariana, José Alfredo Camacaro Márquez, jefe de la zona 12 de la GNB. 

El diputado Guillermo Palacios informó en rueda de prensa frente a la sede del Ministerio Público de Barquisimeto “los actos de tortura y barbarie dictatorial cometidas por el general José Camacaro Márquez, Jefe de la Guardia Nacional Bolivariana en la región, en contra de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que cubrían las informaciones de la marcha de los trabajadores de diferentes instituciones públicas organizados en gremios, sindicatos y de la sociedad civil”. 

El parlamentario y dirigente opositor dijo que el oficial de la FAN pretendió descalificar a los periodistas imputándoles el remoquete de “shouceros” y “generadores de protestas”, lo cual se traduce en desconocimiento a la realidad social y económica expresada por quienes decidieron salir a protestar por el fracaso, la ineficiencia y la corrupción del régimen. 

El parlamentario denunció la conducta soez, amenazante y arbitraria del general José Camacaro, Jefe de la GNB en la región, quien en la marcha pacífica y democrática que realizaron los gremios e instituciones laborales, que llego hasta la sede de la Gobernación del estado Lara, insultó y vejó a los periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que cubrían la actividad llamándolos “choouseros” y “generadores de protestas”, calificativos que insto a otros de sus subalternos para que pronunciaran similares expresiones. 

Cabe destacar que durante la protesta de los gremios y sindicatos de diferentes sectores, en reclamo de sus reivindicaciones sociales y salariales, fueron cerrados los accesos a la sede del Palacio de Gobierno en la carrera 19, desde las calles 23 a la 26 de Barquisimeto, sin ninguna justificación legal, se impidió el acceso y la libre circulación de los ciudadanos y periodistas, en flagrante violación a la Constitución y ley del Ejercicio del Periodismo Venezolano. 

Esta es una violación de los derechos humanos que tenemos garantizados los venezolanos a la protesta social, a la integridad física, a la libertad de información y expresión, protegidos a través de los convenios internacionales suscritos por Venezuela y ratificados en la Constitución y legislación nuestra, en donde tipifica esta conducta como tortura por haber inferido tratos crueles e inhumanos en contra de los profesionales de los medios de comunicación y de la marcha que se realizó en forma democrática y pacífica. 

Esta práctica obedece – señala Palacios - a un patrón de acción política diseñada para descalificar y desmotivar a quienes realicen protestas como las reseñadas, pero además responde a una forma de descalificar a quienes profesionalmente realizan un trabajo de trasmitir las noticias que se producen, que en este caso son los comunicadores sociales que se encontraban en el sitio cubriendo la información, a quienes se les pretende humillar y vejar con estas expresiones que son producto de un régimen dictatorial que tiene como objetivo controlar y limitar a la prensa libre. 

“Estamos solicitando al Ministerio Publico que abra la investigación correspondiente, porque los hechos que hoy denunciamos son muy graves y constituyen un delito de violación de derechos humanos, que es imprescriptible y que su autor debe ser enjuiciado para sentar precedentes de respeto hacia los derechos de los ciudadanos”. 

Anunciamos que los diputados de la Unidad Democrática llevaremos este caso ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional para que allí se inicien las investigaciones y en las instancias internacionales para que se tomen medidas sobre quienes resulten responsables de las violaciones de derechos humanos, citó el parlamentario y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo.



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