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martes, 2 de julio de 2019

Fiscal y Defensor del Pueblo saben lo que ocurre con los presos políticos

El coordinador de la asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, abogado Rafael Narváez, denuncia que la inobservancia e incumplimiento de las leyes por parte del Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo han permitido las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada de personas, el aislamiento, la incomunicación y la mayoría de las audiencias ante tribunales que se realizan sin la defensa técnica del detenido.


Rafael Narváez.


Narváez asegura que los organismos del Estado responsable de la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos son los verdaderos responsables de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta por tratos crueles e inhumanos y torturas ejecutados por funcionarios de la Dirección General de Contra inteligencia Militar .

 El ex parlamentario, defensor de los derechos humanos advierte que el fiscal general provisorio está bien informado de todo lo que ocurre con los presos políticos que están recluidos en los centros de Ramo Verde, SEBIN de Plaza Venezuela, del Helicoide y en el DGCIM de Boleíta Norte. 

El antiguo activista por los DDHH, ha olvidado que el Art. 43 de la CRBV establece que “el derecho a la vida es inviolable, y ninguna ley puede establecer la "pena de muerte", el estado protegerá la vida de las personas que están privados de libertad”. Tampoco recuerda que el ministerio público, que actualmente dirige, es el garante de la legalidad y del debido proceso, guardián de los juicios justos y protector de los derechos humanos.

El jurista también recuerda lo que establece el Art. 46 de CRBV, en el cual “toda persona tiene el derecho a que se le respete su integridad física y en consecuencia no puede ser sometida a torturas ni a tratos crueles e inhumanos y degradantes. De manera que estamos en presencia de las violaciones más graves en forma sistemática de los DDHH por parte de los custodios de los cuerpos de seguridad del Estado contra el ser humano.

Por último, el ex parlamentario y defensor con más años de trayectoria en defensa de los derechos humanos, Rafael Narváez, exigió al fiscal general solicitar la intervención del SEBIN Y EL DGCIM para investigar las denuncias de víctimas y familiares sobre las vejaciones ejecutadas por estos cuerpos de seguridad en contra de los presos políticos.



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